“Tiene que ver con temas de seguridad”: Claudia Sheinbaum asegura que el nuevo impuesto de videojuegos protegerá a mexicanos de amenazas digitales

Un duro golpe a los jugadores de México bajo la idea de preservarlos de amenazas digitales: el Gobierno de México ha autorizado un nuevo impuesto que incrementará el precio de los “videojuegos violentos” para los habitantes del país. Y todo apunta a que es irreversible. En la más reciente conferencia de prensa matutina de la presidenta, Claudia Sheinbaum justificó el movimiento, asegurando que tiene que ver con temas de seguridad.

Nuevo impuesto a videojuegos tiene que ver con un “tema de seguridad”

Una nueva legislación dentro del Paquete Económico 2026 contempla que productos como el alcohol, el tabaco, los refrescos y las apuestas, junto con videojuegos, verán un incremento en sus precios debido al nuevo impuesto. Este aumento será del 8% sobre los productos clasificados como “videojuegos violentos”. La razón detrás de esta medida radica en supuestos estudios que vinculan los videojuegos violentos con efectos psicológicos negativos.

Al respecto, Sheinbaum fue cuestionada durante La Mañanera del 9 de septiembre. La mandataria defendió la medida diciendo que el objetivo es proteger a los ciudadanos de las amenazas digitales, asegurando que la medida busca preservar la seguridad de los mexicanos frente a los efectos potencialmente dañinos de este medio:

“Evidentemente, no vamos a entrar en un tema de prohibición. Pero sí de la atención que deben prestar padres y madres de familia al uso de videojuegos, y qué tipo de videojuegos, cómo se usan en línea. En fin. En uno de los informes de seguridad vamos a hablar de ello”, aseguró Sheinbaum.

Si bien la intención del Gobierno es proteger a los jóvenes de los efectos negativos de los videojuegos violentos, el enfoque parece simplista. En este sentido, es importante cuestionar si la solución pasa realmente por un aumento en el precio, o si debería ser más profunda, buscando alternativas como la educación digital y el apoyo a los padres en el monitoreo del contenido.

En cualquier caso, esta medida es una forma de desincentivar el consumo sin abordar las causas subyacentes de los problemas planteados. Y eso es realmente lo que al Gobierno le debería preocupar.